La disolución del Congreso el pasado 7 de diciembre por el expresidente Pedro Castillo antes de la votación para su sustitución ha provocado un desconcierto en el país latinoamericano y el estallido de numerosas protestas a lo largo de todo el territorio. Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo y nueva presidenta de Perú, ha decretado el Estado de alarma dentro del país con el objetivo de poder restablecer el orden público interrumpido por las manifestaciones. Sin embargo, la situación es crítica, ya que la alianza entre la actual Presidenta y el Congreso ha provocado una grave crisis de gobernabilidad y la protesta social, sobre todo en las regiones del sur, en las cuales numerosos ciudadanos han sido heridos o han fallecido a causa de la represión. 

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    La inusual llegada de Dina Boluarte a la presidencia peruana

 

Dina Boluarte se ha convertido en la primera presidenta de Perú, muchos medios se hicieron eco de esta noticia constatando que era un hecho significativo por los derechos de las mujeres. Sin embargo, el pueblo no la había votado y no la querían: después de la destitución y deslegitimación de Pedro Castillo, tras intentar establecer un gobierno de excepción, Boluarte asumió el cargo por sucesión constitucional no por elecciones generales. Por este motivo los ciudadanos empezaron a protestar para que se adelantaran las elecciones al 2023 y poder votar a su próximo representante, de lo contrario Dina podría gobernar hasta 2026. Los protestantes pedían también que se liberara a Castillo y no fuera sancionado hasta que no se hubiera hecho una investigación pertinente sobre los hechos. 

 

    El pueblo no quiere a Boluarte, quiere elecciones generales

 

Durante este mes de mandato, lejos de responder al momento histórico, Boluarte ha hecho caso omiso a lo que pedían el 86% de los ciudadanos según la CNDDHH: el adelanto de elecciones generales al 2023 como única salida para atender las demandas de la población. Como persona al mando, ha permitido la actuación de las FFAA que ha acabado con la vida de 45 fallecidos, 18 de los cuales en las sangrientas protestas del 11 de enero, 460 heridos y unas 147 personas detenidas de forma arbitraria, en su mayoría adolescentes y jóvenes de las regiones. Además, están vulnerando los DD HH a la protesta y la legítima defensa y libertad de organización mediante el allanamiento de locales y partidos izquierdistas: la Confederación Campesina del Perú CCP y el local del partido Nuevo Perú (NP). 

 

A esto se le suman las acusaciones a los manifestantes de ser financiados por grupos terroristas. Estas alegaciones las realizaron congresistas, periodistas y funcionarios del Gobierno para  cuestionar la legitimidad de las protestas y Dina Boluarte las afirmó diciendo que : “de acuerdo a inteligencia de la Policía habría intereses subalternos que están organizando e incitando las marchas a nivel nacional”. La presidenta no ha aportado ninguna prueba de ello, tal y como informa la República. 
 

    El sur de Peru como el foco máximo de las protestas 

 

Algunas regiones del sur del país como Arequipa, Apurímac, Cuzco, Puno o Ayacucho se han convertido en las últimas semanas en continuos escenarios de protestas y bloqueos que exigen la renuncia de Boluarte, la convocatoria de elecciones y la liberación de Castillo. 

 

Se trata de regiones con un gran rechazo histórico al centralismo limeño y a las políticas que se han llevado a cabo por parte de muchos gobiernos peruanos, que han abandonado en gran parte al sur a través de escasas inversiones e intentos de explotación de sus recursos a compañías extranjeras. 

 

La falta de inversión en los servicios públicos sumada a la minería ilegal, el contrabando y el transporte irregular han convertido al sur peruano en una zona donde el descontento de la población se ha ido incrementando con el paso de los años, sin encontrar ninguna solución real a sus problemas. 

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    ¿Había intereses  políticos en destituir a Pedro Castillo?

 

Nicolas Lynch Gamero, exministro de educación del Perú y parte del Comité Directivo del CLACSO, nos cuenta que sí que había intereses, ya que “aunque no hiciera cambios era un rostro distinto de la clase política tradicional, un cholo parecido a la mayoría del país”.

 

La situación de protesta en las regiones del sur es entendible si tenemos en consideración que Castillo obtuvo un gran número de votantes y un gran apoyo debido a la identificación de estos ciudadanos con él, un hombre campesino de origen humilde. Sin embargo, el exministro de educación Nicolás Lynch considera que el balance de la presidencia de Castillo es “una decepción, abandonó programa, aliados de izquierda, se llenó de parientes y amigos, no respondió a las graves acusaciones de corrupción contra él y sus allegados y por último dio un salto al vacío con su golpe fallido”.

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    "No hay excusas para eliminar las garantías democráticas y de los DD HH"

 

Toda esta situación está llevando a un "autoritarismo y represión mayor" por parte del gobierno de Boluarte, y no hay estado de emergencia que valga, según la secretaria ejecutiva de la CNDDHH Jennie Dador Tozzini, ya que "no hay excusas para eliminar las garantías democráticas y de los DD HH". 

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La realidad es que los manifestantes no han obtenido aún lo que piden y que el gobierno peruano ha buscado una solución militar a una situación que debería solucionarse políticamente.  Para hacerlo Liz Meléndez, Directora de la Comisión Feminista peruana Flora Tristán,  considera que el gobierno de la República debe garantizar un gabinete paritario, designando personas con comprobadas credenciales democráticas, respetuosas de los derechos humanos y sin sospechas de corrupción. También deberá posicionarse a favor de la defensa de las poblaciones vulnerables y alejarse de los discursos que intentan eliminar la discriminación de género. 

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En relación con el expresidente, se debe hacer una investigación pertinente sobre los hechos y  Castillo debe ser sancionado sólo tras esta investigación y tras analizar los resultados de la misma. A su vez, frente al actual escenario de violencia y las decisiones que la presidenta Boluarte ha tomado, las cuales han vulnerado los Derechos fundamentales, desde la organización feminista y defensora de DD HH de perú Flora Tristán, piden su renuncia. Demandan investigación y sanción ya que “ rechazan la violencia venga de donde venga”.

 

Por último, las autoridades de Perú deben priorizar el diálogo y respeto a los DD HH como vía para resolver la crisis política frente a la represión de una población que está ejerciendo su derecho a manifestarse.  Sin reformas políticas la transición democrática no será posible, para ello es importante promover el diálogo con la ciudadanía, con las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, con un mensaje articulador y convocante que promueva la paz social, el Estado de Derecho y el Orden Interno.